Los intentos de negociar una salida pacífica al conflicto armado en Colombia se han frustrado siempre porque ni las autoridades ni los guerrilleros parecen dispuestos a ceder en cuestiones que consideran innegociables. Ni siquiera ha sido posible un acuerdo humanitario para intercambiar los prisioneros de cada bando. En este contexto resulta de especial relevancia la visita del presidente Hugo Chávez a Bogotá, ofreciendo sus buenos oficios como mediador no solo para el intercambio humanitario sino para la apertura de un verdadero proceso de paz con el ELN y las FARC.

El gobierno de Uribe considera que en el país no hay conflicto, la democracia es sólida y no existen motivos para la insurgencia armada. Los alzados en armas son, además, simples delincuentes comunes convertidos ahora –en el lenguaje al uso- en terroristas y narcotraficantes. Solo consideraciones de utilidad y generosidad llevan al estado a permitir el desarme de la guerrilla y su conversión en fuerza política legal. Una medida útil porque ahorraría enormes sufrimientos a la población y grandes recursos al país y generosa porque una democracia sólida como la colombiana puede permitirse acoger en su seno a estos hijos “descarriados por los senderos de la violencia”.

La insurgencia por su parte sostiene que no solo existe marginación social y graves desequilibrios económicos sino que la actividad política está amenazada por una violencia permanente que convierte el levantamiento armado en justo y necesario. Sin acometer medidas estructurales que terminen con la pobreza y la marginación; sin distribuir la riqueza de manera que el progreso llegue a todos y sin reformar radicalmente el sistema de representación de manera que la política no suponga riesgos para la vida y sea posible adelantar el cambio desde las misma instituciones, los insurgentes consideran que dejar las armas a cambio de nada no solo pone en peligro su existencia física sino que defrauda a las bases sociales que los han sostenido por décadas.

Hasta ahora solo quienes han estado en condiciones de extrema debilidad militar o en decepción ideológica han optado por volver a la vida civil corriendo todos los riesgos y dejando a sus bases sociales con promesas formales de continuar la lucha “por otros métodos”. Solo en estos casos se han podido culminar con éxito procesos de paz con algunos grupos guerrilleros. Pero ni el ELN ni las FARC parecen encontrarse en esa situación de extrema debilidad militar o de crisis ideológica.
¿Qué puede entonces proponer el presidente Chávez para alcanzar ese “punto intermedio” aceptable para todas las partes en litigio? Es obvio que las reformas estructurales exigidas por los insurgentes suponen en todo caso tiempo y oportunidad. Sin embargo, hay una medida inmediata que parece impostergable y podría ser la llave que abra las puertas a las que hacía mención el mandatario venezolano: la reforma política, que además supone una amplia e inmediata participación ciudadana sin la cual ningún arreglo tiene futuro.

Sin embargo, para la reforma política existe un obstáculo enorme de muy difícil remoción: el fenómeno paramilitar. En efecto, el sistema político colombiano no solo está profundamente afectado por las peores prácticas del clientelismo tradicional sino que, controlado en buena parte por la extrema derecha armada, pierde legitimidad y afecta a todas las instancias de representación, desde un simple concejal hasta el propio presidente de la República. Además, con su extrema violencia el paramilitarismo convierte en hazaña cotidiana el ejercicio legal de la oposición. Y es que de ser un simple “auxiliar” de las fuerzas armadas en su lucha contra la guerrilla el paramilitarismo devino pronto en expresión de un sector de la clase dominante, aceptado por unos y tolerado por otros. Los “paras” ya no son simples grupos armados para hacer trabajos ilegales que no comprometan a las autoridades, tales como desapariciones, secuestros, torturas, masacres, desplazamientos de población, asesinatos selectivos y un largo etcétera; ahora constituyen además un movimiento político-militar con bases sociales, amplia presencia en las instituciones, abundante financiación (el narcotráfico a gran escala, entre otras) y una capacidad de presión política que pone en jaque al gobierno cuando se trata de meterlos en cintura. Demasiados intereses en juego, demasiados compromisos, demasiada complejidad para desbaratar con facilidad un entramado que envenena el sistema social y político del país.

Una nueva ley electoral sería por supuesto un buen principio; más conveniente aún, reformar todo el proceso y celebrar unas alecciones razonablemente limpias. Pero el desmantelamiento de las huestes paramilitares y la neutralización de sus apoyos sociales e institucionales no parece que resulte tan fácil a juzgar por los magros resultados de la ley de “justicia y paz” destinada a conseguirlo. Las críticas a este proceso de negociación se han visto ampliamente confirmadas. Así, la OEA, generosa hasta el extremo con Bogotá en este asunto ha tenido que reconocer que el fenómeno está lejos de desaparecer y que se reproduce con vigor; inclusive las mismas autoridades electorales confirman que no menos del 30% de los municipios continúan bajo el dominio del terror paramilitar imposibilitando el desarrollo normal de las próximas elecciones. Se han confirmando entonces los peores augurios sobre el fracaso gubernamental y hasta se dan razones a quienes siempre han sostenido que en realidad Uribe nunca se propuso desmantelar un instrumento tan útil a la clase dominante sino más bien adecentarlo y cambiarle la imagen. Ahora, cual aprendiz de brujo el presidente resulta impotente para controlarlo.

Ciertamente una reforma legal del sistema electoral sin desmantelar el paramilitarismo carece de significación práctica. Además, terminar con las huestes de la extrema derecha permite también devolver tierras y bienes a los millones de campesinos afectados por el desplazamiento dando así un primer paso en la necesaria reforma agraria que el país nunca realizó. Si el gobierno y la clase dominante o no quieren o no pueden deshacerse del engendro, solo una formidable movilización ciudadana podrían conseguirlo y dar comienzo a un verdadero proceso de paz que no solo desmovilice a los alzados en armas sino que comience a eliminar las condiciones sociales y económicas que han dado origen la lucha armada.

Solo una enorme fuerza ciudadana puede neutralizar al paramilitarismo y propiciar las condiciones para que los insurgentes abandonen las armas. Únicamente un movimiento cívico de grandes dimensiones lograría poner fin al militarismo agudo que soporta este país. Por supuesto, ese cambio podría venir al menos parcialmente de la propia clase dominante pero para ello tendría que estar dispuesta a sacrificar la parte mafiosa que alberga en su seno. La guerrilla, por su parte, abandona la lucha armada y se aviene a buscar sus objetivos políticos por medios pacíficos.

Si los buenos oficios del presidente Chávez dan resultados (es opinión general que el mandatario venezolano no hubiese aceptado servir de mediador si no contase con perspectivas suficientes de éxito) se abriría un camino de reformas de gran calado no solo para terminar el actual conflicto con la guerrilla y desmantelar a la extrema derecha armada sino para permitir a Colombia su ingreso a la modernidad, reformando la tenencia de la tierra, democratizando las instituciones (especialmente las armadas), reorientando el modelo económico y recuperando soberanía frente a Washington, sobre todo ahora, cuando los inspiradores de la actual política imperialista y belicosa no parecen encontrarse en su mejor momento y otros aires despejan la atmósfera política y social del continente.

Para el intercambio humanitario siempre es posible encontrar fórmulas que faciliten la salida airosa de las partes. Porque además del drama humano que supone la pérdida de libertad de tantas personas, es seguro que el intercambio daría un enorme impulso a las iniciativas de paz e inauguraría un proceso que ponga fin a la prolongada guerra civil que vive Colombia.