Elecciones en Colombia
(Juan Diego García)

El gobierno y buena parte de los medios de comunicación han resaltado las elecciones efectuadas el domingo 14 de marzo como una muestra más de la solidez de las instituciones democráticas en Colombia. La “comunidad internacional” (o sea, Estados Unidos y la Unión Europea) también las da por buenas y se felicita por los grandes logros alcanzados en la administración de Uribe, en particular por su política de inversiones extranjeras que ha permitido a las empresas multinacionales conseguir aquí unos beneficios de escándalo. Quienes se felicitan tienen sin duda motivos de sobra para su regocijo; no así la inmensa mayoría de los colombianos afectados por una pobreza que aumenta, sometidos a una guerra sin fin y escandalizados ante un proceso electoral que ha estado plagado de irregularidades de todo tipo.

Estas elecciones no traen novedad alguna, nada que no haya sido previsto, nada que no forme parte del paisaje político del país. Los candidatos gubernamentales y sus aliados refuerzan su poder absoluto en ambas cámaras y aunque Uribe no repite (queda por verificar si realmente se retira o continúa manejando el gobierno tras bambalinas) deja bien adelantado el desmantelamiento del estado de derecho y la instauración en su lugar del engendro autoritario que ha venido labrando en los últimos ocho años. Despojada la institucionalidad de todo ropaje democrático (derechos formales, división de poderes, intervención económica del estado, respeto de los derechos humanos, etc.) quedará tan solo la brutalidad de un capitalismo sin cortapisas y un orden más parecido al fascismo que a otra cosa.

La campaña electoral ya estuvo sometida a toda suerte de maniobras para dar ventajas al oficialismo. En una medida escandalosa que no se registraba en el país desde hace décadas se ha hecho uso de fondos públicos en beneficio de los partidos que apoyan a Uribe, quien violando la constitución ha participado directamente en la campaña. Tampoco ha faltado la acción de los grupos paramilitares utilizando el terror para favorecer a sus candidatos, ni la tradicional obstrucción de la actividad de la oposición, ni la compra masiva de votos, ni la táctica de desprestigiar partidos y personas a quienes -¡como no!- se asoció con la insurgencia mientras, en contraste, todo ha sido manga ancha y facilidades para los paramilitares y narcotraficantes que colocaron sus candidatos dentro de las formaciones pro gubernamentales o directamente, presentándose como el Partido de la Integración Nacional que elaboró sus listas desde las cárceles donde están recluidos los “parapolíticos”. En la práctica, la extrema derecha armada tiene ahora igual o mayor representación parlamentaria que antes. No debe extrañar entonces que a las denuncias de la oposición se sumen las que registran las mismas autoridades electorales, algunos medios de comunicación y hasta la misión de observadores de la OEA que no ha podido menos que reconocerlo públicamente.

Pero sin duda, el hecho más destacable de las elecciones colombianas es la voluminosa abstención (cerca al 60% del padrón electoral), algo que se repite sistemáticamente al menos en el último medio siglo y forma parte de la “cultura política” del país. Sorprende por tanto que medios y analistas apenas destaquen algo que si ya es preocupante cuando representa el castigo del electorado a los partidos en una coyuntura determinada, arroja todo tipo de dudas sobre la legitimidad del sistema cuando se vuelve permanente. Tal parece sin embargo que a la clase dominante del país no le interesa que esta participación se amplíe, temerosa de procesos contestatarios que movilicen ese 60% indiferente frente a las urnas. De hecho, en las contadas ocasiones en que se registraba una participación popular al alza, de una u otra manera ésta fue sofocada utilizando todos los métodos posibles sin excluir la violencia más dura.

Se produjo así cuando la vida política se conmovió hasta sus cimientos durante el período de la Revolución en Marcha (años 30 y 40) que desata la reacción de la clase dominante generalizando una violencia oficial que anegó el país en sangre y destrucción; primero, durante los gobiernos conservadores, después, con la dictadura militar de Rojas y más tarde con la dictadura civil de los dos partidos tradicionales en el Frente Nacional (que excluía a todos los demás partidos). El fenómeno se repite luego frente a las movilizaciones populares que promovió un sector del partido liberal (MRL), sometido entonces a la doble estrategia del ataque feroz y la asimilación sistemática de sus dirigentes. Como resultado, se neutralizó políticamente a los radicales (algunos de ellos optaron por la lucha armada) y se devolvió al redil oficial a los menos decididos. La movilización popular se frustró de nuevo.

Igualmente popular, aunque de origen conservador, la ANAPO consiguió inclusive ganar las elecciones presidenciales en 1970 pero la fuerte represión y la vieja estrategia de cooptación volvió a funcionar y la dinámica popular debilitada y desorientada terminó por diluirse. Un hecho similar se produjo cuando un sacerdote católico, sociólogo y profesor universitario –Camilo Torres Restrepo- movilizó enormes multitudes activando todas las alarmas del sistema. La persecución desatada contra él y sobre todo su convencimiento de la imposibilidad de conseguir sus objetivos de manera pacífica le llevaron a la guerrilla y a su muerte en combate. Mucho más dramática es aún la experiencia de la Unión Patriótica, un partido mediante el cual las FARC (previo acuerdo con el gobierno) intentaron participar en el proceso electoral como paso previo al abandono de las armas. Ni la moderación en su programa ni su aceptación de las reglas de juego político impidieron que se repitiera contra la UP la vieja táctica de la eliminación física, esta vez en forma de una sistemática carnicería que ha costado hasta hoy la muerte de alrededor de cinco mil militantes entre cuadros, parlamentarios, activistas, alcaldes, ediles y simples simpatizantes, asesinados o desaparecidos por los paramilitares o directamente por las fuerzas oficiales. La clase dominante prefiere por lo visto un régimen político sin legitimidad alguna que arriesgarse a una posible avalancha de fuerzas populares que propicie victorias como las ocurridas en otros países del continente. El control de su clientela -aunque minoritaria- es mejor que enfrentarse a resultados inciertos si el sistema abandona su naturaleza excluyente y violenta. No extraña entonces que sobre un hecho tan destacable como una masiva y permanente abstención electoral el discurso oficial pase de puntillas sobre el asunto o vierta al respecto superficialidades para restarle importancia.

La actual oposición tampoco da para muchas alegrías. De hecho, casi toda apuesta por la continuidad de la estrategia de la “seguridad democrática” de Uribe. Solo voces aisladas como Piedad Córdoba (liberal) o Jorge Robledo (Polo) llevarán a las instituciones la denuncia y la esperanza de una salida del profundo atolladero en que se encuentra el país. Ante este panorama y si nada lo impide, la victoria en las presidenciales de mayo sería también para Uribe y los suyos. Santos, el candidato oficial, es un millonario oportunista, dado a las conspiraciones palaciegas y fiel encarnación de lo peor de la política nacional y ni siquiera tiene a su favor el carisma de Uribe; pero ante un juego tan cerrado y excluyente el sistema no asume riesgo alguno. Nada sugiere tampoco que un personaje gris como Santos y su programa continuista consigan reducir la abstención en las elecciones de mayo. En consecuencia, tanto el nuevo presidente como congreso y senado seguirán lastrados por la misma escasa o nula legitimidad que caracteriza desde siempre a las instituciones en Colombia y explica en buena medida la reacción violenta de las clases dominantes ante cualquier manifestación de descontento popular.